Durante las últimas décadas, el adjetivo amnésico ha estado ligado al peruano promedio, especialmente en eventos relacionados a la cosa pública; que otra idea podríamos tener cuando son reelectos los mismos políticos de pasado comprobadamente reprobable  y peor aún, cómo es posible que se dé espacio a quienes generaron el caos en una de las etapas más tristes de nuestra historia republicana; definitivamente algo anda mal en el proceso de reproducción de información.

Si alguien totalmente ajeno desde la inmensidad de una montaña observase nuestra trayectoria como país en los últimos cincuenta años, realmente quedaría perplejo y de primera impresión concluiría que el recuerdo no es nuestro fuerte. Pero ¿qué es la memoria?, no es acaso una función superior por la cual codificamos la información, la retenemos y recuperamos, un proceso totalmente complejo. Por lo tanto si aludimos a la memoria, obligadamente estamos hablando de información precedente.

Ahora, si ese supuesto espectador comenzara averiguar algunos porqués, advertiría que no hay sorpresas o accidentes en el transcurso, sino la normal consecuencia de los actos. Temas como la población peruana y sus limitaciones educativas con tantas  promesas de cambio o reestructuración sin resultado, clase política irresponsable más preocupada en obtener el poder de cualquier forma debilitando la democracia, algunos medios de comunicación guiados por sus intereses económicos o corporaciones con  la fuerza de modificar leyes internas, han sido factores primordiales para que se den dos hechos irrefutables: la ausencia de información, al evitarse tocar temas pasados (porque su investigación comprometería a muchos a ser investigados y tal vez sancionados) y de  otra parte la desinformación, manejada por una serie de conveniencias defenestrando el bienestar público. Pero también hallaría responsabilidad en la mayoría de ciudadanos, incapaces de averiguar por si mismos debido a su desidia, no hablamos de aquellos desafortunados que no cuentan con los medios, sino de quienes tienen acceso y aun así solo sirven para quejarse.

Entonces sin caer en reduccionismos, podría determinar que si la memoria tiene como material la información preliminar, no sería contundente afirmar que el problema es de memoria en cambio sí de comunicación, nuestra memoria no estará perfecta pero funciona acorde a sus necesidades. No se le puede llamar olvidadizo a una persona que recuerda perfectamente los hechos pero que por diversas razones lo evita (desde la más vulgar conveniencia hasta la más torpe ociosidad),menos lo es el joven desconocedor de la historia, en ese caso es un ignorante, tampoco se le puede llamar amnésico a aquellos entendidos pero con problemas de personalidad, consecuencia de la frustración no superada, conductas antisociales y destructivas o simplemente es un ser fatuo que quiere llamar la atención para parecer interesante.

Intentar encapsular periodos históricos para encajonarlos en algún rincón, conviviendo en un eterno “borrón y cuenta nueva” evita que maduremos como sociedad y poco sirven las reacciones tardías solo cuando el fenómeno esta fortalecido, porque da la impresión de carga montón y el resultado es victimizar al más despreciable cinismo disfrazado de acto democrático. La dosis de historia debe ser constante y planificada, basándose en realidades y no en simpatías.

Cada época tiene sus trincheras y uno de las nuestras son las redes virtuales, donde afortunadamente crecen grupos de usuarios críticos a su contexto que trabajan en desvanecer la etiqueta de amnésicos y  promueven de alguna forma la memoria colectiva.

Las dictaduras del cono sur

La tortura como política de estado se promovió tanto en el cono sur (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay) y repercutió igualmente en la región andina (Perú, Bolivia y Ecuador) con menor intensidad en la mayoría de casos. Su aparición destaca  durante la segunda mitad del siglo XX en plena “Guerra Fría” con la implantación de dictaduras militares en América del Sur y toma más fuerza en la década del sesenta con la presencia de la Escuela de las Américas y las Conferencias de los ejércitos americanos, donde agentes del gobierno de los Estados Unidos de Norte América instruían a sus pares latinoamericanos en “métodos preventivos” de mantener la paz social por sobre todo, fundamentados en las ideas de Truman.

Al instaurase la doctrina de la “Seguridad Nacional”, que se concretó en Chile en el año de 1975 entre países del cono sur y el gobierno de Estados Unidos, acordaron la denominada Operación Cóndor, cuyas influencias estaban claramente relacionadas con la Operación Gladio de Italia, marcadamente anticomunista y reconocida por su estrategia de la tensión y la participación de oficiales franceses combatientes de la guerra por la independencia de Argelia en 1957 que enseñaron métodos de tortura, como consta en el documento del archivo de Quai D´Orsay , la dictaduras presentes generaron terrorismo de estado.

La Operación Cóndor tenía la finalidad de eliminar al opositor por agentes del estado protegidos por sus gobiernos, permitiéndose que dentro y fuera de sus fronteras se suscitase secuestros, torturas, repatriaciones, desapariciones y asesinatos de victimas tanto nacionales  como extranjeros (españoles, franceses, etc.). Casos sonados por ejemplo fueron  el asesinato del ex general chileno Carlos Pratts en Buenos Aires por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en 1974, así como de varios refugiados chilenos y uruguayos que fueron entregados a sus persecutores, torturados y desaparecidos. Resalta asimismo el atentado por coche bomba en Washington del ex canciller Orlando Letelier y el frustrado crimen en Roma del opositor al régimen de Pinochet, Leighton o la tortura y asesinato en Buenos Aires de dos diplomáticos cubanos.

Todos estos actos fueron respaldados por las dictaduras imperantes de entonces que aparecieron con el pretexto de transformar o salvar sus estados frente a la crisis, gobiernos de facto caracterizados por ser de corte militar, violadoras de los derechos humanos, de extrema derecha y apoyados por  Central Intelligence Agency (CIA).

De doce países que conforman América del sur,  ocho tuvieron gobiernos dictatoriales de carácter  represor, que podríamos resumir su situación de la siguiente manera:

ü  Argentina; ya desde 1966 sería regido por gobiernos dictatoriales denominados “Revolución Argentina” cuyo curso concluye en 1973, con el retorno del peronismo. A la muerte de Perón en 1974 durante su tercer periodo, asume su vicepresidenta y esposa María Estela Martínez que tuvo un gobierno en medio de la crisis y con los inicios de las actividades de la Alianza Argentina Anticomunista (triple A); el gobierno fue derrocado en 1976 por el llamado “Proceso de Reorganización Nacional”.

Desde 1976 hasta 1983 que retorno de la democracia, Argentina y Uruguay presentaron el mayor número de represión clandestina, sea por escuadrones de la muerte o centros de detención (como el caso del local de automotores Orletti, lugar de torturas y asesinato en Buenos Aires) comandados por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

ü  Chile; inmediatamente del golpe de estado a Salvador Allende y comienzo de la dictadura de Pinochet en 1973, el país sureño fue el centro de coordinación de la denominada Operación Cóndor. De acuerdo a la Comisión de Verdad y Reconciliación en su informe Rettig, los actos violatorios a los derechos humanos en campos de concentración y tortura no solo afectaron a ciudadanos chilenos sino también extranjeros, estuvo a cargo de la policía secreta perteneciente a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

ü  Paraguay; con Stroessner gobernando desde 1954 y reelecto varias veces mediante cuestionadas elecciones hasta 1989, según el documento hallado en la década del noventa, los “Archivos del Terror”, fue política de estado coordinar con los demás países participes de la Operación Cóndor, perseguir , secuestrar, torturar, asesinar o desaparecer opositores de los regímenes, mayormente personas con tendencia izquierdista. Se calcula 50,000 asesinatos, 30,000 desaparecidos y tomados prisioneros aproximadamente 400,000.

ü  Uruguay; la etapa dictatorial se inicia con el civil Bordaberry en 1972 que promovió el autogolpe y luego continuaría una línea de dictadores civiles con uno solo militar que concluye el período en 1985.

Se caracterizó por sus escuadrones de la muerte y la mayor cantidad de presos políticos, todos ellos torturados y en varias oportunidades desaparecidos o asesinados.

Respecto a la región andina, Bolivia durante esos años sufría una extrema inestabilidad política, con constantes golpes de estado desde 1964 y es con Hugo Banzer (1971-1978) la fase en el país altiplánico se adecuó más al modelo del cono sur, proveyendo información de los puntos insurgentes en la región a los miembros de la Operación Cóndor.

En Ecuador, del mismo modo con dictaduras desde 1963 hasta 1979, con una breve interrupción de tres años en 1966 por restablecimiento de la democracia, también se amoldaron a la tortura y desaparición de opositores como forma de infundir terror.

Sin pertenecer a ninguno de los grupos, Brasil del mismo modo contribuyó a la implantación de ese tipo de políticas, ya que desde 1964 con el golpe de Castelo Blanco hasta 1985 que gobernó su partido ARENA, se reprimió a grupos guerrilleros. La tortura y asesinato por parte de los escuadrones de la muerte estaban escudados por el estado.

Museo Guayasamin Los Torturados

El caso peruano: aproximaciones históricas generales

Si bien Perú desde sus inicios republicanos destacó por sus gobiernos caudillistas y militares;  dentro del contexto de la segunda mitad del siglo XX  con el ultimo militarismo iniciado el 3 de octubre de 1968 fecha del golpe de estado que defenestró a Belaunde, se distinguió de los otros países por ser el gobernante Velasco Alvarado de tendencia izquierdista y políticas de reformas y revoluciones en sectores específicos con contenido nacionalista.

Perú no fue participante constante de la Operación Cóndor, pero si proporcionaba información a los agentes argentinos, como lo hizo por ejemplo con la ubicación de los montoneros exiliados en Lima que terminaron secuestrados, torturados y finalmente desaparecidos por agentes argentinos. La insurgencia se comienza a percibir con más fuerza durante esos años con el formato de guerrillas.

Con el retorno de la democracia en 1980, a la par se inicia las incursiones terroristas y el gobierno de turno no le dió la importancia debida y menos se proporcionó de la logística suficiente para frenarlas. El lustro de 1985 – 1990 con la llegada de Alan García la política antiterrorista conlleva a excesos por parte de las Fuerzas Armadas sin que sean sancionadas.

La lamentable presencia de la tortura dentro de nuestras fronteras se da en una situación de conflicto armado interno provocado por las organizaciones terroristas (Sendero Luminoso – SL y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru – MRTA) y la consecuentemente intervención de las Fuerzas Armadas; este espacio en nuestra historia tendría el lapso de 1980 – 2000, tiempo en el cual el estado peruano optó por una política de violación sistemática de los Derechos Humanos durante el conflicto.

Principalmente la tortura formaba parte de las habituales técnicas de interrogatorio a la vez como un medio de castigo e intimidación al presunto terrorista o sospechoso de colaborar con la subversión; dentro de este contexto de guerra interna, era una práctica sistemática esencial realizada por los agentes estatales,  como parte de otras violaciones de los Derechos Humanos agrupadas en las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas o las vulneraciones del Derecho al Debido Proceso.

De acuerdo a la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su Informe Final sobre el conflicto armado interno de Perú, dicha estrategia se puede dividir en tres etapas:

La etapa inicial se origina durante el segundo gobierno de Belaunde entre los años 1983 – 1984, quien delega a las Fuerzas Armadas el combate a los grupos terroristas, no se midiéndose la represión que fue indiscriminada especialmente en zonas alto andina. Durante estos años el informe indica acerca de la práctica normalizada de ejecuciones extrajudiciales, muchas veces previa desaparición y tortura de la víctima.

Una siguiente etapa se da durante la crisis del quinquenio aprista, la estrategia viró en su objetivo y  tuvo mayor preferencia por  la recopilación de información. Este período continuaría hasta 1992 con el gobierno de Fujimori, época caracteriza por los operativos encubiertos y eliminación selectiva de objetivos a sospechosos de terrorismo que dio como consecuencia un incremento de las desapariciones forzadas y de los casos de tortura como método de obtención de información que se realizaba preliminarmente.

La etapa final está marcada con la captura de Abimael Guzmán Reynoso, líder de la organización terrorista Sendero Luminoso, el 12 de Septiembre de 1992 y la recaptura del líder del MRTA Víctor Polay Campos (que huyó de prisión por un túnel durante el gobierno aprista). Durante este transcurso, ya con los militantes de ambos grupos terroristas desmoralizados, decrece los casos de ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas, pero contrariamente hay un aumento en detenciones de sospechosos por terrorismo o colaboradores. El método de la tortura se endureció tanto como para obtener información o en algunas situaciones para que el sospechoso se auto inculpe. Es de destacar la presencia del grupo paramilitar Colina, cuyos integrantes cometieron una serie de crímenes.

Tratamiento jurídico – normativo

  • Normatividad nacional

Al ser el fin supremo de la sociedad y del Estado Peruano la persona humana y el respeto de su dignidad de acuerdo a nuestra carta magna, se considera que el delito de tortura estaría considerado en el contenido del  Artículo 2:

“Toda persona tiene derecho: 1) A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”.

Y precisamente la tortura que transgrediría esos derechos, pero además haciendo combinación con la cuarta disposición final y transitoria del mismo documento:

“Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú.”

Expresamente se condenaría el delito de la Tortura, debido a que nuestro país ha suscrito varios tratados como la Convención Interamericana para prevenir la tortura de Colombia en1985, la  Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes  de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1975 o la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes Resolución de 1984 entre otros y  al ser una nación que adoptó el sistema monista, el derecho interno y el internacional están correlacionados.

La tortura como delito fue tipificado hace más de una década, casi en las postrimerías de la época de violencia de 1980 – 2000; desde 1980 hasta 1998 el Código Penal lo enmarcaba en el “Delito de lesiones”, pese a que en el contexto internacional la tortura ya era considerada un delito de Lesa Humanidad.

Con la Ley Nº 26926 del 21 de febrero de 1998 se incorporaba al Artículo 321 del Código Penal el siguiente texto:

El funcionario o servidor público o cualquier persona, con el consentimiento o aquiescencia de aquél, que inflinja a otro dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, o lo someta a condiciones o métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o aflicción psíquica, con el fin de obtener de la víctima o de un tercero una confesión o información, o de castigarla por cualquier hecho, que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidarla o de coaccionarla, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor de diez años.

Si la tortura causa la muerte del agraviado o le producen lesión grave y el agente pudo prever este resultado, la pena privativa de la libertad será respectivamente no menor de ocho ni mayor de veinte años, ni menor de seis ni mayor de doce años”.

Y con la misma fecha se incluye al Artículo 322 mediante la Ley Nº 26926:

“El médico o cualquier profesional sanitario que cooperara en la perpetración del delito señalado en el artículo anterior, será reprimido con la misma pena de los autores.”

 

Aunque como bien señala Víctor M. Álvarez Pérez[1]esta figura penal no contiene un elemento de “gravedad” que obstaculiza el trabajo de los jueces al carecer de criterios que determinen dicha gravedad.

La tortura en el derecho internacional de los derechos humanos

El derecho internacional a través de múltiples documentos reafirma el derecho de toda persona a no ser sometida a tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante y los estados están en la obligación de condenar dichos actos si se diese el caso.

La Tortura está condenada desde los orígenes de las Naciones Unidas, idea que fue plasmada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 5) el 10 de diciembre de 1948 en París, que indica cuales son los derechos humanos esenciales. De forma muy escueta expresa:

“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.”[2]

Un año después con el Convenio de Ginebra, se proscribe  específicamente las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura  o cualquier acto que mancille o degrade la dignidad personal.

El año de 1975 continuará con la creación de instrumentos de protección para las victimas, firmándose nuevamente en la Asamblea General de la ONU la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura  y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, donde conceptualiza y delimita a la tortura como:

“A los efectos de la presente Declaración, se entenderá por tortura todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin  de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se considerarán tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos”.[3] 

Sumándose el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que menciona la prohibición de experimentos médicos o científicos sin consentimiento contra personas y el respeto a la dignidad del arrestado.

De igual forma el Conjunto de Principios de la ONU para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión y las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos, anotan el ilícito.

En 1984 la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptaría la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, documento básico para la defensa de derechos humanos. Recién entro en vigor tres años más tarde.

Años después y centrándose en la Organización de Estados Americanos, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos  de 1969, señalaba de forma general en su Artículo 5 sobre el   Derecho a la Integridad Personal, inciso 2º:

Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.[4]

Pero debido a los eventos acaecidos desde la década del sesenta hasta principios del ochenta, obligó a suscribir tratados específicos  en la región  por medio  de la Organización de Estados Americanos en contra de la tortura,  como es  la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura[5], dicho instrumento tiene la finalidad de prevenir y sancionar temas de tortura y otras actividades similares. Es a la vez un documento que compromete a los firmantes a adoptar medios eficaces es de prevención y la capacidad de extraditar a los acusados por ese delito.

 


[1] Álvarez Pérez,  Víctor M. Dificultades en el tratamiento del delito de tortura en la jurisprudencia peruana, Artículo publicado en la Revista Jurídica “Ius” de la Asociación Ius et Veritas. PUCP. Edición Nº 39, diciembre de 2009. Pág. 298

[2] Declaración Universal de los Derechos Humanos, en: http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/217%20%28III%29

[3] Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura  y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, en: http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/3452%20%28XXX%29

[4] Convención Americana sobre Derechos Humanos (Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la  Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos) en: http://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Basicos2.htm

[5] CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARAPREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA(Adoptada en Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de diciembre de 1985 en el decimoquinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General) en: http://www.cidh.oas.org/basicos/basicos6.htm

The Nostalgia of the Infinite

INTRODUCCIÒN

El tema de la corrupción es una constante negativa en la vida del ser humano, como ser gregario con intereses, que se ha desenvuelto en grupos sociales y en esta convivencia obligadamente ha existido un sector que ostentaba el poder y lo lideraba, dicha situación de desigualdad de alguna forma fue uno de los factores para su aparición. En el transcurso del tiempo, el fenómeno ha ido refinando su presencia y normalizándose en las mismas sociedades que la condenan. Nuestro país no ha estado exento de este problema y en el camino muchas veces hemos llegado al extremo de haber perdido la confianza, esa actitud futurista que tenemos sobre el actuar del otro.

Erróneamente se pensaba que la corrupción sucedía en espacios aislados y su repercusión únicamente afectaba desde su epicentro (el gobierno o  una asociación por ejemplo) hasta grupos afines; sin embargo la historia nos demuestra que este hecho tiene un alto poder de expansión que se multiplica en todo acto donde intervendría la persona. Por lo anterior, es de mayor gravedad cuando estos actos son incentivados por las cúpulas gobernantes; la responsabilidad es superior puesto que son depositarios de la confianza de toda una población que habita dentro de la jurisdicción que les corresponde, sobreentendiéndose que estos representantes públicos son la columna vertebral del estado y lo contaminan por medio de corruptelas donde el efecto de propagación es más nefasto mientras va alejándose de su origen.

Delimitando conceptos, la idea de Guillermo O´Donell[1]acerca de la  corrupción como la no distinción de la persona entre lo que es público o privado y dada esa confusión, sus intereses privados son llevados al campo publico, se adecuaría a lo anteriormente señalado y peor aún esta situación entre sus tantos efectos, conllevaría a la discriminación, en especial de grupos con carencia de algún tipo de recurso, podríamos señalar que la corrupción incentiva ciertas practicas discriminatorias.

  1. La corrupción como factor de discriminación

La corrupción entendida como aquella acción ilícita aunque también ilegitima, no es un acto espontáneo e involuntario, inherente a las personas es más bien volitivo, realizado por un representante que circunstancialmente se encuentra en un espacio de poder y consciente que afectara los intereses colectivos, hace primar su individualismo. No es sólo un problema que atañe a las burocracias de nivel medio sino abarca todo el sistema de la estructura política que mantiene nexos con élites superiores.

Históricamente la lucha anticorrupción tiene sus orígenes en la agenda del “Buen Gobierno”, pero como señala el Christian Gruemberg;[2] el tema de la corrupción no permite la buena gobernanza; el estado debe contar con una agenda anti-corrupción, basado en tres aspectos: la rendición de cuentas, la transparencia y la participación.

De que serviría positivizar o adecuar  normatividad, indicando que vivimos en un estado de derecho, cuando en la realidad todo es defenestrado por una corrupción galopante. Un ciudadano a quien se le ha transgredido algún derecho y no ha encontrado otro medio de solución que el  accionar de la ley y su institucionalidad, pensará que de acuerdo a lo establecido conseguirá justicia. Si la obtiene será optimo, pero en la mayoría de casos y de acuerdo a varios indicadores, en el transcurso del proceso conocerá que si no se alinea a ese subsistema corrupto, sus posibilidades que se haga justicia serán cada vez más distantes y de nada serviría protestar debido que su situación no es sui generis, sino denominador común.

Desesperanzado sentirá que es discriminado al no tener nexo con la maquinaria de corruptelas, situación que conlleva pérdida de tiempo y recursos, optando generalmente a formar un eslabón de la larga cadena. Lo trágico es que ese ciudadano habrá perdido  confianza al sistema.

La V Encuesta Nacional sobre Corrupción presentada por Proética (diciembre 2008)[3] determinó en su análisis que el principal inconveniente del Estado peruano es la corrupción y la población comprendida como discriminada exige al gobierno de turno severidad al sancionar a malos elementos que no permiten el desarrollo del país, evitándose la  impunidad o incumplimiento de sus derechos, en este caso las instituciones reconocidas con mayor desprestigio son: el Poder Judicial, la Policía Nacional, el Congreso, las municipalidades, el Gobierno Central, los gobiernos regionales, los partidos políticos, el Ministerio de Educación y los colegios y las Fuerzas Armadas.

Por lo tanto si hay tal descredito en nuestras instituciones, cualquier intención de promover una gobernabilidad democrática se vería detenida y además se es excluyente con una parte de compatriotas que comprenden grupos diversos y en algunos casos con cosmovisión propia.

Aparte la corrupción generaría  que el estado cuente con menos recursos para los servicios públicos, como el caso suscitado en el sistema de salud peruano que se encuentra en una grave crisis. Se afectaría también los programas sociales destinados a la población con menores recursos y por consiguiente con menos acceso a servicios básicos, estos programas no llegarían a los sectores para los que fueron establecidos y por lo tanto no cumpliría su función, como ejemplo nacional tendríamos el de Apoyo Social alimentario del Vaso de Leche, implementado por el Estado y que es canalizado por las Municipalidades a nivel nacional,  con el objetivo de beneficiar niños de 0 a 13 años, madres gestantes, lactantes, ancianos y personas portadoras de TBC, pero esta idea con tal vez la mejor de las intenciones constantemente es noticia por temas de corrupción desde los ministerios (caso de licitación para comprar hojuela fortificada o generar monopolio de una sola empresa) incluido los municipios encargados en la distribución (caso de ventas de los recursos destinados a la población objetivo) y los directivos que tienen contacto directo con los usuarios.

  1. La reacción de los afectados

La consecuencia inmediata al consumar un acto de corrupción es un estado con menor número de recursos públicos para satisfacer las demandas de la población en temas de salud, educación, seguridad o infraestructura.

Indicábamos que el efecto de expansión de la corrupción tiene consecuencias más perjudiciales mientras se va alejándose de su origen ya que los sectores sociales afectados no cuentan con la ayuda necesaria. El director de Gobernabilidad del Instituto del Banco Mundial, Daniel Kaufmann, recalca que la corrupción genera pobreza y no viceversa, además  afecta el área social de la nación y su  legitimidad gubernamental.

Por lo tanto los afectados ingresan a la vorágine de la anomia, la inactividad o sobreviven ingresando al esquema de corrupción, ya en el extremo cuando el nivel de tolerancia es insoportable, la población recurre a la protesta llegando incluso a todo tipo de violencia (verbal y física).

  1. Espacios con mayor posibilidad de corrupción

De acuerdo al Dr. Lovatón[4] los espacios más vulnerables a la corrupción y por ende con mayores probabilidades de discriminación al usuario o ciudadano son:

  • El financiamiento durante las campañas electorales a los partidos políticos que desean acceder al poder e ingresar a instituciones publicas y cuyos efectos compromete a la totalidad de habitantes. El hecho controvertido se da cuando a estas campañas electorales invierten de forma dineraria, grupos económicos, crimen organizado, narcotráfico que de alguna forma hipotecan al candidato si este saliese elegido.
  • Clientelismo partidario del estado, asociado con la frase “captura del estado”, muy común en nuestro país con hechos disfrazados de “reformas” y que no son mas que un eufemismo de prácticas clientelistas.
  • La corrupción policial, que la divide en: cotidiana, la de alto nivel, como en caso de licitaciones, contrataciones públicas cobros para ascender de grado, favores especiales y finalmente el crimen organizado, destacando policías secuestradores o relacionados al narcotráfico.
  • Al sistema de justicia, considerado el más grave porque afecta la independencia judicial y el funcionario deja de ser imparcial con una de las partes del proceso a la que  beneficia.
  • Al sistema penitenciario, en nuestro país se ha incrementado en los últimos treinta años los inconvenientes en esta área, debido a ello hay la ausencia del principio de autoridad y prácticamente las cárceles son gobernadas dentro de un subsistema de crimen.
  • Licitaciones y contratos públicos, siendo actores principales las altas autoridades quienes son los que deciden y los funcionarios públicos en su rol de operadores, a la par se convierte en un futuro inconveniente para el país dado que dichas transacciones se enmarcan en la legalidad.
  • Sistema tributario, por medio de favores especiales que realizan autoridades de rango superior y permiten la evasión de impuestos en perjuicio del país y de sus objetivos.
  • Programas sociales para sectores con menos recursos, donde se integra una mafia que no permite que llegue a la población objetiva lo que esta planificado y les correspondería legalmente.
  1. Posibles soluciones

Para combatir efectivamente la corrupción, no debemos considerarlo como tema encerrado en si mismo de única solución, puesto que es una contrariedad que compromete a toda la sociedad, a la presente y futura generación, por lo tanto debemos  centrarnos básicamente en la fiscalización y rendición de cuentas, del más alto nivel y a la vez de forma horizontal; en este proceso es vital el rol de la prensa independiente por medio del periodismo de investigación y uso de redes para mayor difusión. También es importante los portales de transparencia actualizada  de toda gestión publica, dicha información deberá ser accesible y la comunicación adecuarse al publico evitando tecnicismos que podrían confundir términos.

La corrupción es un problema que necesita ser tratado de frente. Para ello es imperativo entender cuáles son los desafíos de gobernabilidad en un país y cuáles son los factores clave por los que existen instituciones débiles e intereses creados que contribuyen a la corrupción en un país.”

Esta lucha contra la corrupción debe darse frontalmente, no quedar en la retorica a futuro (incentivo de “valores” para la siguiente generación) porque no se ataca los hechos tangibles del presente y estos continúan adquiriendo más espacios y por lo tanto su erradicación por factor tiempo se dificulta, lo recomendable seria incentivar por diversos medios a aquellos que son honestos y sancionar a los opuestos. Al ser el ente jurídico uno de los principales atacados por este mal y cuyas consecuencias son más dañinas con la sociedad, se debe considerar clave en estos incentivos partiendo desde las facultades de derecho y colegios de abogados, sin dejar de lado procesos de designación, evaluación y destitución de magistrados que a fin de cuentas son quienes determinan la situación de los ciudadanos. Pero no todo queda en el ámbito estatal, es sabido el poder del mercado por lo tanto paralelamente  es necesario contar con reglas de conducta con sus actores, así como de los partidos políticos.

  1. Conclusiones
  • La corrupción repercute con gran magnitud contra los sectores sociales que no cuentan con algún tipo de recurso y los coloca en clara desventaja.
  • El público afectado tiene reacciones que van escalando, de la inactividad y anomia a la protesta y acto violento tanto verbal como físicos.
  • Los entes públicos con mayor posibilidad de corrupción deben de prevenirlos con programas realistas y actuar en el presente principalmente.
  • En el caso peruano el principal obstáculo para una optima gobernabilidad, es la corrupción, ya que se pueden realizar todas las formalidades y acciones, pero si continúa la percepción de país de instituciones débiles, abuso de poder y que un ciudadano promedio este imposibilitado de acceder a la justicia, no se avanzará.

Bibliografía

  1. Gruenberg, Christian. 2007, “Identificando posibles puntos de entrada para una alianza entre estrategias de derechos humanos y anti-corrupción, Consejo Internacional para el estudio de los derechos humanos, pp. 3-6.
  1. Jones Tamayo, Claudio. 2002, La Corrupción, la Autocracia y la Democracia: Una Persuasión Comparativa, Lisboa, pp. 3-5.
  1. Lovatón, David. Corrupción y estado de derecho .conferencia dictada los días 3,5 y 6 de octubre de 2011.Lima.
  1. Presidencia del Consejo de Ministros de Perú, 2008, Plan Nacional de lucha contra la  anticorrupción, Lima, pp. 3 – 6.

[1] O´Donnell, Guillermo.”Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización”. Paidos, 1997, Buenos Aires

[2] Gruenberg, Christian. “Identificando posibles puntos de entrada para una alianza entre estrategias de derechos humanos y anti-corrupción, 2007, Consejo Internacional para el estudio de los derechos humanos, pp. 3-6

[3] En Presidencia del Consejo de Ministros de Perú, Plan Nacional de lucha contra la  anticorrupción, 2008, Lima, pp. 3 – 6

[4] Lovatón, David. Corrupcion y estado de derecho .conferencia dictada los días 3,5 y 6 de octubre de 2011.lima

Carl Friedrich Lessing, Heimkehrender Kreuzritter [Returning Crusader], 1835

El mundo es testigo de una serie de movimientos cuya característica común es el descontento con el statu quo que implica desigualdades sociales, mala distribución de riqueza, violación de derechos humanos, corrupción, etc. Como es lógico, nuestro país no podía estar ajeno y también se une al dinamismo mundial; pero la pregunta cae por su peso: ¿recién nos estamos indignando?, ¿necesitamos que nos fijen día y hora para indignarnos?, ¿los últimos acontecimientos desestabilizadores nos hicieron notar que padecemos los mismos males que otras sociedades? Son demasiados cuestionamientos para un breve texto, pero no hace falta contar con instrumentos científicos para notar que ciertas conductas son repetitivas. El universo que describiré específicamente es la “juventud”, actor principal en todas estas revueltas y que alguna parte de esa población de jóvenes peruanos intenta imitar, sin darse el trabajo de contextualizar el conflicto, la idiosincrasia de cada lugar, sus orígenes o sencillamente si la protesta se puede importar.

Momento de cambios

Algunos autores han escrito acerca de los efectos que se produce en los finales de década a nivel mundial, una especie de reacción en cadena de querer hacer lo que no se pudo en diez años y por ello hay una incidencia de hechos históricos que repercuten en un año terminado en nueve; la idea es debatible pero no falta de razón; sabemos que el tiempo es una ficción y no es precisamente lineal, pero nosotros lo necesitamos para orientarnos.

Consecuentemente los  inicios de décadas comienzan con cambios estructurales, que mejor ejemplo sería la denominada “Primavera Árabe”, donde las manifestaciones masivas comenzaron hacer frente a gobiernos autoritarios, autócratas, dictaduras o débiles democracias; juventud informada y participativa que demostraba al mundo la utilidad de las redes sociales para derrocar lo que sus padres, abuelos o tal vez tatarabuelos no lograron. Ahora ese efecto domino de derrocamientos se llena de suspicacias al tratarse en algunos casos de países ricos en recursos energéticos y el espontaneo cambio de discurso de los otrora aliados, la historia lo determinará. Lo cierto es que los más mediatizados han sido lo suscitados en Egipto con Mubarak y la guerra civil que ocurre en Libia con un inubicable Gadafi.

Otra muestra de remesón político se nota en la crisis europea y las recetas económicas impuestas que repercuten negativamente en la clase trabajadora, que han desembocado en lo acaecido en Grecia, Portugal y España, este último país famoso por el movimiento “15 Mayo” o de los “indignados”, que entre sus logros esta modificar la agenda de gobierno de Rodríguez Zapatero. Los jóvenes saben que únicamente organizados pueden tener una esperanza y evitar el no muy prometedor futuro.

La huelga - Robert Koehler

En Latino América un día despertamos viendo nuevos rostros del país sureño, pertenecientes al movimiento estudiantil chileno, era como retroceder en el tiempo por la magnitud de las manifestaciones y extraño que sucediese en el Estado ejemplar de planificación y políticas económicas. Los estudiantes a la vez planteaban su posición para no minimizar el contenido, era notoria su preparación política; el resultado fue hacer público otra faceta de la realidad que  habitualmente negamos, había una crisis latente escondida tras los números. La corriente llevó también la efervescencia popular hacia Estados Unidos; en este mes conocimos al movimiento Ocuppy Wall Street, quienes hacían plantones y eran reprimidos por la fuerza pública al protestar contra los excesos del sistema financiero, desigualdad social y el crecimiento del desempleo en una de las peores crisis que  sufre el país norteamericano.

Pero y por estos lares ¿no pasaba nada?, ¿qué sucedía mientras tanto en nuestro país? El año 2011 para nosotros tuvo la etiqueta de “electoral”, es decir, estábamos más ocupados polarizándonos qué pensando en cuestiones de fondo, solamente aparecían los problemas sociales como munición política y no porque realmente fuese la propuesta de tanto candidato.

La violencia in crecendo, la corrupción normalizada, la política perteneciente al que tiene capacidad adquisitiva sin importar los orígenes del dinero, el caos vehicular, entre innumerables hechos, era el común denominador no considerando las soluciones. El tema era tristemente de interés real solo por parte de los afectados, parientes, muy pocos académicos y alguna reserva moral que no falta, el resto continuaba con sus vidas, cumpliendo a medias sus roles (trabajador, estudiante o lo que sea) en un convenenciero carpe diem, incluso se podría argüir que es una reacción válida porque la vida es corta y preocuparse demasiado no lleva a ningún lado.

Pero entre los indiferentes estaban los actuales indignados de hoy, jóvenes que se enteraron que el 15 de octubre era el “día de estar indignado” y peor aún algunos escandalizados por la falta de actividad de otros sectores. De ese conglomerado de casi adultos, hay algunos que tienen mayor responsabilidad y sus actos son más cuestionables, me refiero a aquellos autodenominados “jóvenes lideres” con solapadas u obvias aspiraciones políticas que generalmente con pobre argumentación ni niegan o afirman lo que quieren, pero sí les gusta azuzar a sus seguidores para hacer marchas inconsecuentes y que generalmente no llevan a nada, salvo minar la energía de su grupo.

Promueven protestas imitando a los jóvenes que lideran las marchas en Egipto, Chile o Estados Unidos, sin tomar en cuenta que no estamos ni en Egipto, Chile o Estados Unidos; lógico la indignación es universal, pero por lo menos delimitemos la nuestra y seamos consecuentes;¿cómo decir que te indigna la pobreza de un día para el otro cuando ayer lo poco que ganaste fue derrochado y no te educaste o cuando año a año mueren sin excepción compatriotas debido a la helada?, ¿te indigna acaso la corrupción cada día más escandalosa o el tráfico y maltrato de animales que ocurre frente nuestro? o ¿se puede creer en la protesta al sistema educativo por parte de un estudiante mediocre que todo el día esta quejándose del mundo y de la globalización a través de las redes sociales y peor aun cuando se hace de la vista gorda frente un maestro que no merece ser llamado como tal solo porque es su amigo y no calculan el daño que se hace a generaciones venideras?, ¿reflexionas sobre la destrucción del medio ambiente únicamente cuando te subes al coche de “la hora del planeta” y pasados esos sesenta minutos nuevamente gastas irresponsablemente energía?. En los casos anteriores a veces es mejor quedarse callado, no es la solución, pero por lo menos no se sientan tan listos y no engañen a varios.

Si tanto quieren ser participes del cambio, entonces primero sean valientes, acepten y digan: Yo quiero ser presidente, congresista, alcalde o el puesto que sea pagado con nuestro dinero. No es intromisión a sus planes, que cada cual es libre de hacer su destino, la diferencia es que el futuro que vislumbran esos jóvenes “líderes” nos afecta. Una vez con esa información comencemos a fijarnos en su desempeño académico y moral, porque hay personas sin mucha educación que son realmente nobles y también existen estudiantes vanidosos que sacan la mayor nota (estudiosos o los populares “sobones”), pero que no conocen la lealtad y para ellos la justicia es un término negociable. Es sabido que en Estados Unidos se escudriña lo mínimo del curriculum vitae de cualquier candidato, no será un referente absoluto pero por lo menos se tiene mayores líneas de predictibilidad de esa persona.

Por esta razón dudo que la mayoría este “indignado”, solo imitan a esos líderes extranjeros porque los ven en pantallas y en portadas y eso es lo que quieren nuestros pseudo-lideres, sus cinco minutos y la admiración momentánea, porque después ellos mismos olvidan la razón del uso de tal o cual polo con mensaje, coleccionan carteles de protesta y cuelgan fotos en cuanta red sea posible. Nuevamente, lo que tocan algunos compatriotas, se vuelve “huachafo”.

Mas que líderes, esnobs

Ortega y Gasset nos recuerda la etimología del anglicismo “snob” que era la abreviatura latina “sine nobilitate” o “sin nobleza”, referido a las personas imitadoras por excelencia de opiniones o maneras de quienes consideran de mayor escala social o distinguida e intentan aparentar ser como ellas. Esta definición cabría en mucho de nuestros supuestos líderes juveniles y en algunos casos varios de ellos serían potenciales pacientes de terapia psicológica, por no decir menos, debido a bosquejos de histrionismo, egocentrismo, deformación de la autoestima, distorsión de la figura, entre otras cosas, en lenguaje simple esas conductas se podrían enmarcar en soberbia y vanidad, fácilmente identificables por aquellos que piensan hallar la externalización del liderazgo en la prepotencia , la hipocresía (mal llamada maquiavelismo) y la ausencia de debate reemplazada por inquisición de la intimidad del contendor. Su comportamiento es reforzado en academias de liderazgo, libros de autoayuda y los halagos de un modesto círculo universalmente no representativo, que si no reaccionamos puede crecer. Por eso son cuestionables, porque tarde o temprano lideraran el país y continuaremos en este espiral de nunca acabar (mi predicción se basa en nuestro congreso). Estos esnobs se indignan ahora solo porque está de moda, mañana o la próxima semana su preocupación se basara en el titular o héroe del momento.

Basándonos que no existen absolutos, aceptamos que hay personajes de indignación creíble, sin necesidad de tanto aspaviento o teatralización, son constantes en sus acciones y evitan la pose. Personas que inspiran al no haber explotado su protesta como slogan de campaña y que muchas veces somos injustos al no reconocer su trabajo por prestar atención a tanto circo bullicioso del que estamos acostumbrados.

La libre determinación, es un derecho inalienable en el cual determinado “pueblo” busca su propia forma de gobierno; toda la estructura y burocracia que necesitará para tener esa calidad.

Esta vez, el turno fue de la  República de Sudán del Sur, cuya transición ha tenido momentos  funestos como ya estamos acostumbrados en procesos independentistas (casos recientes como el de Timor Oriental, por ejemplo).

Al separarse de Sudán, el nuevo país de 10 estados federales abarca lo que otrora fue una parte del Sudán Anglo-Egipcio. Su superficie inicial es de 619.745 km² ,con la posibilidad de incrementar su territorio, dependiendo de la decisión vía referéndum de las regiones de Nilo Azul, los Montes Nuba y Abyei (actualmente en la jurisdicción de Sudán, pero que históricamente han estado ligados al actual Sudán del Sur).

Fuera de ello sus límites se han definido de la siguiente forma: por el norte con Sudán, al sur con  Kenia, Uganda  y la República Democrática del Congo, al oeste con la República Centroafricana y por el este con Etiopía. Es un nuevo país sin salida al mar.

Un poco de historia reciente:

Su historia a partir del siglo XX demuestra que Sudán fue una creación unida en teoría; ya desde cuando era Sudán Anglo-Egipcio, la parte norte mayoritariamente musulmana tenia costumbres árabes y el sur promovía el uso del idioma ingles. Los desacuerdos no tardaron entre Egipto y Reino Unido, el segundo país calculando la futura explosión de problemas por parte de los naturales de Sudán, planificó la asimilación de este al Protectorado Ingles de Uganda. Las circunstancias cambiaron el viraje y concluyó en la unificación de norte y sur pese a las protestas.

A inicios de la década del cincuenta tanto Egipto como Reino Unido aceptaron la creación de Sudán (norte y sur) con capital en la ciudad de Jartum ya que era imposible negar una independencia inminente. El nuevo país en poco tiempo comenzó a tener problemas internos, como las pugnas entre etnias sudanesas que se exacerbaron, estallando el conflicto en 1955 con la Primera Guerra Civil que concluye 22 años después con el protocolo de paz de Adís Abeba , donde se acordó crear un gobierno autónomo en Sudán del Sur.

Las razones de esta separación tiene varios factores, podríamos destacar las causas étnicas y religiosas, Sudán del sur tiene una mayoría étnica nilotica que también está asentada en Uganda, parte de Tanzania y Kenia y que generalmente son cristianos y animistas comparado con lo que vendría a ser hoy Sudán del norte de mayoría árabe y musulmán.

Los problemas eran una constante entre el país Sudán y el gobierno autónomo de Sudán del Sur, disuelto por un mal cálculo político del entonces  presidente Sudánés Yaffar al-Numeiry, quien tenía  el ideal de crear un estado musulmán y cuya decisión generó la Segunda Guerra Civil entre el ejército Sudanés y los denominados Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (sur) en 1983.

Fue hasta el 9 de enero de 2005 en Keniata de Naivasha, concluida de algún modo la Segunda  Guerra Civil, el gobierno Sudanés nuevamente otorgó a la región del sur la autonomía, al firmarse el acuerdo de paz que sellaba los trágicos sucesos de matanzas y violación a los derechos humanos. Sudán del Sur inicio los trabajos para crear su propia constitución a finales de ese mismo año. Con la autonomía y su constitución refrendada, el camino a la independencia se afianzó.

Para inicios de enero de este año se llevó a cabo el referéndum de independencia y al siguiente mes se publicó que casi el 100% de sus pobladores estaban de acuerdo de separarse definitivamente del gobierno Sudanés;  proclamándose su independencia el 9 de julio de 2011.El primer país en reconocer fue justamente Sudán, después vino el espaldarazo de la Unión Europea, Estados Unidos y demás países.

Que hereda el nuevo país:

La consecuencia de innumerables guerras civiles, concluyó en el atraso e irradió en otros problemas: desde pobreza, desnutrición y analfabetismo hasta los célebres desplazados.

Respecto al alto índice de pobreza, según algunos estudios se encuentra dentro de las mayores del mundo, el actual gobierno piensa reducir estos márgenes explotando su mayor reserva natural de petróleo (destacando el área de Bentiu), que se convertirá en su principal ingreso.

De acuerdo a su constitución, la aspiración del nuevo país es ser moderno, propugnando el estado laico e igualdad de creencias, adoptando como lengua oficial el idioma ingles (usado masivamente desde 1928) aunque reconociendo sus múltiples dialectos autóctonos como Dinka o Nuer .

Su sistema es el presidencialista, con Kiir Mayardit a la cabeza provisionalmente, cuenta además con Asamblea Legislativa unicameral y poder judicial independiente, centralizado en su capital Juba. El gobierno provisional temeroso a formar parte de la teoría del estado fallido, intenta ganarle al tiempo, como creando su propia moneda, libra sursudanesa,su bandera que es la del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (ELPS) y la búsqueda de la inserción en organismos internacionales como ya lo logró al ser el país número 54 de la Unión Africana, pretende ser el 193º país adherido a la ONU, también desea ingresar a  la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth of Nations),actual organismo de 54 países que han tenido presencia británica en su historia o que sin ella buscan formar parte de un grupo de cooperación internacional y a la Liga Árabe.

Nacer como país y el génesis que representa será arduo para Sudán del Sur, no obstante la idea de “independencia” válidamente peso más en la aspiración de un pueblo.

Actualidad:

19 de agosto 2011: Las Naciones Unidas intervendrá con misiones de la Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios (OCHA), el Programa Mundial de Alimentos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el fondo de protección infantil UNICEF frente a los hechos de violencia y violación de derecho humanos en la región de Kordofan del Sur, en Sudán cuyos  conflictos se agravaron al independizarse Sudán del sur y que tenia la mayoría de reservas de crudo cuando conformaban una unidad.

De otra parte, economistas de Sudán del sur se quejan del actuar de algunas autoridades Sudaneses, de acuerdo a estos especialistas existe  una supuesta “guerra económica” debido a que sus antiguos compatriotas crearon una nueva moneda, desestabilizando al flamante país, además de dar calidad de extranjero a los ciudadanos de Sudán del Sur.

Añadiéndose los problemas entre tribus que en la semana cobraron 38 vidas, mujeres y niños incluidos, en el subcondado de Bier, con la posibilidad de que la cifra aumente y se denuncien secuestros.