INTRODUCCIÓN
Cuando utilizamos el sufijo “cidio”, automáticamente lo asociamos al asesinato, a la idea de una forma cruel de acabar con un ser vivo; lamentablemente con el pasar de los años, la cantidad de palabras con esa terminación va en aumento, como una forma de especificación del crimen con características que lo hacen distinto a los demás; estos léxicos surgen de la observación académica de alguna realidad y cuando los hechos ya no pueden ser meramente teóricos y la presión social exige el actuar de sus gobernantes, es posible su catalogación normativa. El neologismo “juvenicidio”, adoptado por el profesor Valenzuela Arce, emerge en un contexto de violencia destructiva contra los jóvenes por parte de la adultocracia o gerontocracia, quienes para mantener un conveniente statuo quo, establecen relaciones de desigualdad restrictiva, utilizando distintas estrategias que van desde la eliminación hasta las que promueven la autodestrucción.
El juvenicidio es un concepto de esta década, que va reforzándose mediante el continuo debate, su delimitación teórica aún es temprana, no obstante, la rapidez de los tiempos, permite que se argumente desde distintos orientes, los ejemplos se incrementan a diario y son descritos de acuerdo a determinado escenario, teniendo como denominador común el asesinato selectivo de jóvenes. En este veloz intercambio de ideas, el concepto primigenio se ha ido extendiendo y que si no fuese por su argumentación estricta podrían llevar a la banalización de la misma, de tal forma que, el juvenicidio no siempre se establece por la muerte física del individuo joven, existe también el juvenicidio moral, un tema estudiado durante la última crisis económica europea, donde la legislación dictaminaba un nuevo modelo excluyente de la transición a la vida adulta, afectando a miles de jóvenes; se ha calculado que el 18% del total de la población mundial son jóvenes que se encuentran entre los 15 y 24 años de edad (Organización de Naciones Unidas, s.f.) y específicamente en América Latina y el Caribe hay un aproximado de 106 millones en ese mismo rango, “el mayor número de jóvenes en la historia de la región”. (UNICEF, s.f.)
El presente ensayo tratará sobre el juvenicidio moral, pero aplicado a la situación latinoamericana, constatando una vez más, la existencia de un ánimo destructivo selectivo para cierta etapa del desarrollo humano, por parte de quienes pretenden eternizar el continuismo.
Fuente: TeleSUR – Publican libro sobre la desaparición de los 43 de Ayotzinapa
- Juvenicidio y la condición moral
La etimología de juvenicidio nos lleva a sus raíces latinas, la primera viene de iuventus – juventud-y la segunda del sufijo cidium, de caedĕre-matar-; esta palabra engloba parte de la presunta historia de la humanidad, ya que desde siempre han existido cúpulas de poder que han buscado exterminar grupos específicos de jóvenes no pertenecientes al sector dominante, estas personas que no han llegado a la adultez, han servido como batallón inicial en la guerras, como esclavos, como elementos de experimentación o cualquier forma de asesinato; pero cuando se habla de la condición moral (del juvenicidio moral), se puede entender que se está rebuscando la idea, porque las acciones injustas generadas por quienes nos gobiernan, se pueden enmarcar en la exclusión social, lo que conllevaría a no prestar especial atención a este conjunto de afectados que directa o indirectamente sería una forma de invisibilizarlos.
De otra parte, para explicar a qué se refiere lo de condición moral, inicio conceptualizando a que llamamos “condición” en este caso particular, basándonos en el diccionario filosófico de Comte – Sponville, una condición viene a ser “menos que una causa y más que una circunstancia. Es una circunstancia necesaria o una causa no suficiente: aquello sin lo cual el fenómeno considerado no se produciría, pero que no basta, sin embargo, para explicarlo” (Comte – Sponville, 2005); respecto a la moral, me apoyaré en el concepto kantaino, que trata de la ley moral o el cumplimento del deber fundado exclusivamente en la voluntad de la persona consciente, obligaciones autoimpuestas, que están contenidas entre uno de sus imperativos categóricos: “obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal” (Kant, 2013). Por consiguiente, existen circunstancias necesarias que se fundamentan en el cumplimiento de deberes generados en la capacidad volitiva de la persona para que se produzca, en el caso del juvenicidio moral, esta condición es transgredida por los gobernantes, principalmente en dos aspectos: el económico y el simbólico.
Entonces estamos hablando de negación de políticas públicas a favor de los jóvenes, ineficiencia de la existentes, centralización de favorecimiento de la legislación a un grupo exclusivo o creación de las mismas pero con el fin de excluirlos (como lo producido en el caso europeo post crisis); todo esto se origina en las decisiones gubernamentales, donde no siempre se pretende el daño físico directo, pero sí se promueve situaciones críticas, como es el desempleo o empleo precario, la negación de la participación ciudadana, las carencias educativas, inclusive el deterioro del desarrollo personal[1].
- Formas de juvenicidio moral en Latinoamérica
Como se planteó anteriormente, el juvenicidio moral se efectúa en dos flancos de exclusión, el económico y el simbólico, esta clasificación se basó en lo suscitado en Europa post estado de bienestar, donde existen o existieron leyes que protegían a los jóvenes; en cambio, en Latinoamérica, podemos afirmar que la juventud ha sido relegada por décadas, de acuerdo a estadísticas oficiales, UNESCO indica que el “30% de los jóvenes en la región viven en condiciones de pobreza y el 13% en condiciones de indigencia. La falta de trabajo, la deserción escolar, la delincuencia, la limitada participación social y política, y la exclusión, son problemas recurrentes que enfrentan los jóvenes de América Latina y el Caribe”. (Oficina de la UNESCO en MONTEVIDEO , s.f.), para UNICEF el promedio aumenta a 39% de jóvenes latinoamericanos y del Caribe que viven en pobreza (UNICEF, s.f.). En nuestro continente el tema de los derechos de los jóvenes es relativamente reciente, su discusión en el debate público es limitado y a pesar de los avances en todo este tiempo, los índices de exclusión se mantienen o empeoran en sectores concretos, abarcando más modalidades que lo económico y lo simbólico[2], podemos añadir algunas como las que se dan en el ámbito educativo o la negación de la participación; a continuación, detallaré brevemente estas formas exclusivas:
a) Juvenicidio por la carencias o deficiencias educativas
Este tipo de juvenicidio en nuestro continente, está relacionado con el sistema imperante, que prioriza por sobre todo al mercado, el cual busca moldear la educación a sus intereses, aun si para ello debe negar este derecho a colectivos de jóvenes específicos, encarándonos un hecho trascendental: Latino América es la región más desigual del mundo. El modelo económico actual, propugna la privatización de la enseñanza, ahora se habla con normalidad sobre el “negocio de la educación”, que lógicamente los jóvenes en estado de vulneración no pueden acceder, debido a lo cual, menos ingresarán a un ambiente optimo laboral, ya que las compañías seleccionan para su personal a egresados de determinadas universidades o institutos particulares, de las cuales las mismas empresas suelen ser accionistas. Este sistema elitista, individualista y competitivo, constantemente busca desprestigiar la educación estatal, que sería, en el mejor de los casos, la única alternativa para un joven sin recursos, y cuya historia de pobreza generalmente se da desde que nace y marca de por vida su rendimiento, como ha demostrado una reciente investigación sobre las consecuencias negativas en las estructuras cerebrales necesarias para los procesos de aprendizaje, decayendo su rendimiento en 20%; el desarrollo cerebral de esos niños en ambientes de pobreza, situaciones altas de estrés, inseguridad, poca o nula estimulación, mala alimentación, da como resultado estudiantes con bajos niveles de atención, aprendizaje, etc., resultando una constante negativa que los frustrará, si esto no se ha solucionado en la primera infancia, es lógico lo que les puede ocurrir a esos niños cuando lleguen a la adolescencia o a la juventud, (Hair, Jamie, & Wolfe, 2015)
Para la población juvenil vulnerable, la educación puede ser inexistente, inaccesible o de pésima calidad; será inexistente cuando el Estado no haya llegado a poblados lejanos, no se cuente con infraestructura, recursos humanos o personal conocedor del idioma nativo, también no existe, si se subvalora el conocimiento adquirido en cada colectividad; sin embargo, autoras como Agustina Córica y Analia Otero, indican en el artículo “Educación y empleo en América Latina. Entre tendencias y alcances”, que vivimos un proceso expansivo de la educación, con un hito en la década del noventa, época cuando se inician distintas reformas en el ámbito educativo y con el inicio del nuevo milenio, se logra la obligatoriedad de la enseñanza secundaria, sin embargo, aun mantenemos una baja calidad educativa de modelo exportado y el presupuesto en la mayoría de países es reducida, manteniéndose los dos problemas principales en la educación de los jóvenes, que son el acceso a la educación y la deserción escolar. (Córica & Otero, 2014).
No obstante, lo anterior no garantiza educación de calidad para los jóvenes en situación de vulneración, porque esta puede llegar a ser inaccesible o pésima, como se concluyó en el seminario “Privatización de la educación en América Latina y el Caribe” en el año 2012, a raíz de las protestas que ocurrieron en Chile, y señalaban como empresas transnacionales quieren resaltar una necesidad de reforma educativa encaminada al modelo empresarial, es decir, estudiar para conseguir un trabajo conveniente en el mercado, por ello evalúan y estandarizan países con pruebas internacionales, no dándole la real importancia a las diferencias existentes entre los estados y menos a las distintas cosmovisiones que conviven en un mismo país; este sistema educativo que segrega a los de bajos recursos, que no tiene acceso a educación denominada de calidad, sea por las distancias geográficas o razones económicas y en casos extremos, por cuestiones raciales o idiomáticas
La privatización de la educación está indefectiblemente ligada a una elitización del acceso al conocimiento, en donde se segmenta y se condiciona a la capacidad de pago y la riqueza relativa, tanto a entre familias, como entre países. Así, en un contexto generalizado de expansión de las lógicas de mercado a todas las esferas de la vida, y de profundización de las desigualdades a nivel mundial, la privatización de la educación configura un vector crucial en contra de la posibilidad de establecer órdenes políticos democráticos e igualitarios. (Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y Open Society, 2012)
b) Juvenicidio económico
Siguiendo el precedente europeo, en este apartado resalta el desempleo, la inestabilidad o la precarización del mismo; el mercado laboral teóricamente exige al personal más capacitado, pero sobre este punto podría exponer dos realidades; la primera, en la cual los jóvenes buscan un trabajo digno y respetuoso de sus derechos, pero esto no es así, se deben enfrentar ante un sistema que busca mano de obra barata para explotarlos, que evita la contratación para poder despedirlos sin ningún efecto legal, que exige experiencia y alto rendimiento en algunos casos, pero que la deficiencia educativa recibida por esta población económicamente activa, no los hace competitivos y deben resignarse al sub empleo. La Organización Internacional del Trabajo ya lo ha señalado:
Muchos jóvenes tienen problemas para encontrar empleo debido al desajuste entre los resultados educacionales y las calificaciones exigidas en el mercado laboral. La escasez de competencias y la inadecuación de las calificaciones, dos limitaciones permanentes a las que suelen referirse los empleadores y las empresas, se vienen abordando en América Latina y el Caribe mediante una serie de acciones orientadas a reforzar el vínculo entre la educación y el mundo del trabajo. (OIT-CEPAL, 2012).
La segunda realidad, es la que viven muchos jóvenes que quieren ingresar al mundo laboral y que no son aceptados por prejuicios (que se tratará más adelante en el juvenicidio simbólico), sean raciales, de género, por razones de lugar de residencia, por centro educativo de origen, por apellidos, por cánones de belleza, etc., por ejemplo, jóvenes indígenas o afrodescendientes tienen mayores problemas en la búsqueda de trabajo, peor aún si son inmigrantes.
Según el informe del 5 de diciembre de 2011 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre “La situación de las personas afrodescendientes en las Américas”, la Comisión inicio con la siguiente conclusión: “La Comisión ha destacado a lo largo de este informe la situación de discriminación estructural que afecta a las personas afrodescendientes en las Américas y, en particular a las mujeres afrodescendientes, y que se refleja en los importantes obstáculos para el goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales”. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos , 2011).
Frente a estos dos problemas debe lidiar un joven promedio latinoamericano, pero es una batalla desigual, porque la cúpula dirigente se encarga de establecer las reglas de juego, favoreciendo al mercado y contrarrestando derechos por los que se había luchado por años.
c) Juvenicidio por negación a la participación social y política
La juventud es una etapa del desarrollo humano caracterizada por su energía y búsqueda de equilibrio, un continuo proceso de maduración psíquica y biológica; por ello, es normal que por conducta gregaria y mayormente de rebeldía ante el sistema, los jóvenes canalicen ese ímpetu por medio de la participación social, Vommaro recalca lo siguiente: “Los jóvenes de los sectores populares y las periferias de muchas grandes ciudades también han construido colectivos y asociaciones, que expresan sus formas singulares de participación y compromiso con lo público y con la transformación de la realidad en la que viven, a la vez que son emergentes de los conflictos urbanos de la actualidad”. (Vommaro, 2015), para ejemplificar esto podemos mencionar lo sucedido en las protestas contra el sistema educativo en Chile, por la violencia y desaparición de jóvenes en México, por evitar el ingreso de políticos corruptos en Perú, igualmente movimientos contra el feminicidio, la corrupción o escándalos judiciales en países como Brasil, Venezuela o Colombia, entre otros; para contrarrestarlos, la respuesta de los estados o grupos de poder habitualmente es el uso de la represión violenta y la criminalización de la protesta, equiparándola con actos terroristas.
Asimismo, algunos jóvenes (especialmente en las universidades), quieren iniciar participación política activa e ingresan a agrupaciones según su línea de pensamiento, aunque la mayoría de veces, estos colectivos no tienen la intención de apoyar ese activismo, considerando a los jóvenes, sin historial familiar partidario, masa humana útil que debe ser captada para la confrontación con sus rivales. Conforme pasa el tiempo, el joven bien intencionado se fija que, a pesar de su constante trabajo voluntario, su opinión no es trascendente, lo limitan a funciones subalternas y menos lo hacen integrar listas internas para ser elegido; simplemente porque los dirigentes han copado los puestos de decisión con un círculo cerrado, como bien señala Juan Paullier, en un artículo escrito para BBC mundo, “Dinastías políticas” en América Latina” (Paullier, 2011), este fenómeno de apoderamiento familiar de un partido, se viene afianzando desde el siglo pasado, época en la cual ciertas familias aseguraban el poder utilizando a sus descendientes y/o a actores más jóvenes capaces de cumplir órdenes (así sean contrarias a sus creencias). Consecuentemente, aquellos jóvenes correligionarios ven frustrada su participación, las explicaciones del por qué no les permiten crecer dentro de la agrupación son diversas, amparándose en cuestiones rebuscadas que maquillan el continuismo, argumentando la falta de respaldo por parte de las figuras representativas del partido, su carencia de medios económicos necesarios para implementar una maquinaria propagandística o simplemente que no cuentan con la simpatía de sus votantes por cuestiones subjetivas.
Punto aparte, también podemos mencionar el abuso del término “juventud” por los partidos políticos, sea para cumplir con la “cuota” en sus listas electorales o para iniciar en la carrera a sus allegados, al final ese monopolio genera protagonistas que representan deficientemente a quienes supuestamente dicen defender, siendo el mayor porcentaje de casos, personajes inmaduros que no están a la altura del cargo que obtienen y necesariamente manipulables para defender intereses de terceros, aunque también existen contadas excepciones.
d) Juvenicidio simbólico
Como se indicó anteriormente, nuestro continente no ha podido superar el tema del racismo y esa especie de sistema de castas que ha quedado grabado en el inconsciente colectivo desde la colonia, donde todo aquello que no es “blanco” (o más aclarado según sea el caso), tiene una acepción negativa y a veces hasta terrorífica[3]. En el caso del juvenicidio simbólico, principalmente ocurre por prejuicios raciales, que se refleja en jóvenes (indígenas, afrodescendientes y mestizos), a los que se estigmatiza.
La desacreditación de estos jóvenes es constante y escandalosa, además, no se limita al factor genético de su raza, sino que abarca la idea de inherencia de indiscutibles rasgos negativos de personalidad, como ya lo indicó Reding en su libro “Diversidad y racismo en América Latina”,
Las incongruencias que se alojan en el seno de los discursos nacionalistas —que suelen promover obsesivamente el mestizaje o la franca eliminación de la diversidad cultural—, dan cuenta de una forma más compleja de racismo: el racismo cultural. Esta nueva forma de racismo no se inspira en razones genéticas —o no sólo en ellas—, sino en la presunción de que ciertos rasgos temperamentales son inseparables de la idiosincrasia de un grupo humano, lo que permite una jerarquización social capaz de destruir la igualdad supuestamente garantizada por el Estado. (Reding, 2007)
Estos jóvenes que padecen las secuelas de ideas anacrónicas, generalmente viven en situación de pobreza, son inmigrantes o no representan el referente social de belleza, vestimenta, origen, forma de hablar, etc.; muchos de ellos deben negar su lugar de residencia, considerada zona de alta peligrosidad, ya que de lo contrario no son admitidos en un trabajo, aceptados en los grupos de estudio o no logran sociabilizar con sus pares de zonas distintas, esta mala fama de lugar de residencia tiene un efecto adicional, y es la negativa inversión por parte de las autoridades con zonas estigmatizadas, argumentando que lo que se construya será destruido o los trabajadores que laboren en dicho lugar puedan ser víctimas de la delincuencia, creándose así un círculo vicioso.
Este tipo de juvenicidio además ocurre en el accionar de las fuerzas policiales, quienes intervienen en las áreas donde viven y transitan estos jóvenes (mayormente lugares tugurizados y pobres que han sido remarcados en los mapas de la delincuencia), como explica la investigadora Bonvillani: “Los vacíos y ambigüedades que el corpus jurídico contiene, son resueltos en la práctica por los prejuicios del agente policial que se activan en el momento de la detención y se basan en estereotipos raciales y de clase social, construyendo una “fisonomía del delincuente”. (Bonvillani, 2015)
Muchas veces la policía, basada en sus propios estereotipos, comete actos arbitrarios, que una parte de la población aprueba, consentimiento que deriva de todo un circuito de prejuicios, donde actúan demagogos que viven de la difusión del miedo y constantemente utilizan el discurso de la necesidad de políticas de “mano dura”, “tolerancia cero”, “pena de muerte”, etc , como formas eficientes de administrar la seguridad ciudadana y medios de comunicación sensacionalistas que tienen como negocio la transmisión morbosa de crímenes ocurridos en estos sectores y ven en la paranoia todo un mercado.
- Juventud muerta moralmente y reforzamiento del continuismo
Es innegable que un sector de la juventud va muriendo moralmente cada día, mediante un proceso de “despersonalización” y negación de su individualismo, sea por las privaciones que tiene desde el inicio de su vida, por las constantes frustraciones consecuencia de su carencia de medios o por ser etiquetado con prejuicios. Lamentablemente se hace habitual la forma de cómo son vistos por zonas más favorecidas de la población: como elementos negativos que desentonan con el paisaje de paz y seguridad, como personajes inútiles y vagos que desaprovechan el tiempo; los culpabilizan por sus carencias y sus continuos fracasos, sin considerar que nacieron en un ambiente adverso; jóvenes que ven con suspicacia cualquier acto por parte de los gobernantes, quienes pregonan luchar por sus intereses e integración a la sociedad, pero este tipo de integración es vana para comunidades indígenas o afrodescendiente, “porque en el pasado solo ha significado el despojo de sus bienes simbólicos y materiales, el desconocimiento y/o supresión de sus derechos colectivos y la negación de su cultura. De este modo, la integración para los indígenas ha sido sinónimo de asimilación y desintegración cultural. (Bello & Rangel, 2002). Además, se va matando moralmente a un joven, cuando sus esfuerzos por expresarse rara vez son apreciados y generalmente son menospreciados, cuando el joven comprende violentamente la frase “portación de rostro”, ya que debe aceptar que es un eterno sospechoso solo por sus facciones, vestimenta, raza, idioma, género o lugar de origen.
La generalización de la desesperanza que viven estos jóvenes va acabando prematuramente con sus planes, los obliga a resignarse y aprender a sobrevivir, el sistema se encarga en neutralizar su energía mediante la duplicación de esfuerzo. En el texto, “Psicología y pobreza. Papel del locus de control, la autoeficacia y la indefensión aprendida”, los científicos Galindo y Ardila, mencionan que las personas que viven en situación de pobreza, percibían como poca efectiva a la democracia o la participación para hacer respetar sus derechos, son partidarios del abstencionismo y posterior apatía , esto se hace evidente “…con una fuerte idea de corrupción generalizada por parte de los funcionarios públicos y una percepción de abandono por parte de sus representantes, elegidos por votación popular”. (Galindo & Ardila, 2012)
Para que este modelo no caiga en desuso, constantemente se va reforzando por quienes tienen el poder, como son la adultocracia o la gerontocracia, quienes aseguran su supervivencia mediante el continuismo; es este sector el que monopoliza la fuerza pública, tiene capacidad de legislar a su conveniencia, de utilizar los medios masivos de comunicación para difundir sus ideas y estereotipos; quienes gobiernan no realizan las suficientes políticas públicas que mejore la situación, no es beneficioso para ellos, porque si de algo necesitan los gobiernos corruptos, son de jóvenes no ilustrados sin cuestionamientos.
Conclusiones
- El juvenicidio moral, si bien no destruye físicamente la vida de un joven, es una forma progresiva de extinguir una etapa del desarrollo humano, caracterizada por su mayor energía y productividad; es la destrucción del psiquismo en pleno proceso de maduración y cuyo objetivo es la resignación del sujeto a sobrevivir en un sistema.
- Latino América, siendo la región más desigual del orbe, podría ser catalogado como uno de los continentes donde se produce descaradamente actos de juvenicidio moral, causado en gran parte por las taras heredadas de la época colonial, la corrupción de sus gobernantes y la visión economicista de la sociedad.
- El juvenicidio moral ocurrido en nuestro continente, tiene diversas variantes, puede darse por carencias educativas, por problemas en la búsqueda de empleo digno y respetuoso de los derechos laborales, en la negación o prohibición de la participación social y política y también en forma simbólica.
- Detrás de la muerte moral de los jóvenes en estado de vulneración, encontramos a los gobernantes que no tienen interés por promover políticas públicas que los favorezcan, además están las cúpulas de poder interesadas por el mantenimiento del statu quo, ya que el actual sistema favorece sus intereses.
Bibliografía
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[1] Alrededor de un 25 a un 32% de la población de 12 a 24 años de edad en la región vive con factores de riesgo tales como la deserción escolar, la maternidad adolescente, el desempleo, la adicción a las drogas, o los problemas con las autoridades. (UNICEF, s.f.)
[2] El desempleo juvenil, la violencia, los embarazos no planificados, las enfermedades venéreas y el uso de substancias pueden reducir hasta el 1.4% del producto interno bruto de un país.
[3] Los procesos emancipatorios de Latino América recién van cumpliendo dos siglos, en comparación de las centurias de coloniaje, esta es una de las razones por las que continuamos arrastrando taras sociales como la discriminación racial o el desprecio por lo autóctono.